Así lo informaron en una vista pública de la Cámara de Representantes
El Departamento de Agricultura, representado por su secretario, Ramón González Beiró destacó en una vista pública celebrada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto que el presupuesto de la agencia para el Año Fiscal 2023 no cumple con lo solicitado y afecta el cumplimiento de los deberes ministeriales de la agencia.
Durante el Año Fiscal 2021-2022 el presupuesto consolidado de Agricultura ascendió a $38.3 millones. Para el Año Fiscal 2022-2023, la agencia solicitó $85.3 millones. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó únicamente la asignación de $40,867 millones para el Año Fiscal 2022-2023.
“Del presupuesto solicitado para el 2022-23 ($85.3 millones), $33.7 millones estaban destinados a un sentencia de demanda previamente adjudicada y una reserva para un caso pendiente en el tribunal que al momento no tiene una sentencia emitida. Claramente los retos presupuestarios son drásticos”, destacó González Beiró.
De la ponencia de Agricultura, se desprende que la agencia solicitó para donativos, subsidios y otras distribuciones, inversión en mejoras permanentes y pago de pensiones un monto de $46.2 millones correspondiente al Año Fiscal 2022-23. Sin embargo, el Plan Fiscal recomendado por la JCF no identificó fondos para esas partidas.
Durante la audiencia pública el Secretario estuvo acompañado por varias agencias adscritas y corporaciones públicas que componen la sombrilla del Departamento de Agricultura. Estas son: Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Corporación de Seguro Agrícolas (CSA) y la Autoridad de Tierras junto a su subsidiaria el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
El líder de Departamento indicó que dentro de los ajustes presupuestarios que sufrió Agricultura y sus agencias adscritas para el año fiscal 2022-2023 está el ajuste en el fondo de asignaciones especiales.
“Para el Año Fiscal 2022 era de $13.3 millones y para el del 2023 se asignan $12.8 millones. De este fondo, se establece que el Departamento debe separar $4.4 millones que están destinados para sufragar la sentencia e indemnizaciones pero que al momento no están identificadas. ADEA sufrió un ajuste de $6.4 millones en la partida de incentivos con respecto al presupuesto vigente. Adicionalmente, es necesario que se asignen $36 millones al programa de subsidio salarial para cumplir con las necesidades de los agricultores’’, sostuvo el secretario.
Uno de los retos más importantes que destacó González Beiró fue la insuficiencia presupuestaria para reclutar empleados. ‘’Actualmente, un agrónomo del Departamento tiene un salario de $1,579 y eso claramente no compite ni es atractivo para poder integrar nuevo personal en la agencia’’, señaló.
Por otra parte, el secretario explicó “que las trabas en el recogido de café han sido significativas y se ha perdido cosecha’’.
González Beiró expresó que el Departamento logró reclutar 1,000 obreros extranjeros “pero no fueron suficientes para cumplir con la tarea en su totalidad sin confrontar pérdidas”. El funcionario estimó que Agricultura necesita entre 10,000 a 12,000 empleados para el recogido de café y aún no cuentan con el mismo.
Por su parte, el presidente de la Comisión Agricultura, Jorge Rivera Segarra, añadió que el Departamento debe ser tratado con responsabilidad ante las amenazas del conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania. “Hay que comenzar a sembrar nuestros propios productos y mirar la Agricultura como algo de suma importancia. Las tres ramas de Gobierno tienen que poner de su parte y ser responsables para facilitar el trabajo al agricultor, dejando a un lado la burocracia gubernamental’’.
El legislador popular solicitó que el Departamento no tenga más recortes en su presupuesto. “Es necesario que no se le reste más dinero. Esa es la única forma en la que podremos desarrollar una agricultura sostenible y dirigir los recursos directamente a las manos de las y los agricultores”.
Entretanto, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, resaltó la necesidad de atender un análisis exhaustivo sobre el impacto en la zona ganadera que tendría la propuesta de extensión de la PR-22 en la zona del Municipio de Aguadilla. “No queremos que nuestra agricultura se afecte. Claramente, la tierra es la que nos brinda los productos y no una carretera. Hay que proteger nuestras zonas agrícolas’’, mencionó la legisladora.
Por su parte, el Secretario de Agricultura indicó que aún no ha tenido conversaciones oficiales con la Autoridad de Carreteras sobre la posible construcción en la PR-22.
“Lo que sí puedo indicar es que hay varias alternativas, para ser más específicos existen tres y nosotros añadimos una cuarta opción. Mi expectativa es que se llegue a una solución para resolver el problema del tráfico sin perjudicar a nuestra industria lechera que está concentrada en esa área’’, agregó González Beiró.
Por otra parte, el presidente designado de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz, sentenció que la dependencia proyecta culminar el presente año fiscal con una deficiencia de aproximadamente de $993,649 relacionada a la partida de nóminas y costos relacionados.
Sin embargo, la agencia prevé que durante el próximo año fiscal el impactó en su presupuesto será más significativo. En síntesis, la Junta de Planificación solicitó $36,273,202 para el Año Fiscal 2022-2023. Sin embargo, la JCF recomendó únicamente una partida de $12,667,000.
Sobre el concepto de nómina y costos relacionados, la agencia solicitó $9,251,000 y la recomendación del ente federal $7,249,000. Por otra parte, en gastos operacionales la Junta de Planificación requirió $1,827,500 y la Junta Fiscal aprobó $3,868,000. También, para el próximo año, la dependencia solicitó un pareo de fondos federales de $21,453,702. Sobre el pareo federal, la JCF no recomendó ninguna asignación presupuestaria.
